Andalucía interpone un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) –
El Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado en su reunión de este martes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada el pasado 9 de diciembre de 2013, al entender que atenta contra los principios de acceso a la educación en condiciones de igualdad e invade competencias de la comunidad en los ámbitos de la evaluación y la garantía de calidad.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha manifestado que para la Junta es una obligación “institucional y moral” recurrir esta norma si se quiere que los jóvenes afronten un futuro en valores de tolerancia y libertad.
Para el consejero, esta norma tendrá consecuencias “irreversibles” para la educación de varias generaciones de andaluces y ha lamentado que el Gobierno central no haya atendido los llamamientos de la Junta para mejorar el texto y tratar de encontrar un consenso. “En vez de ofrecer respuesta de cara al futuro, es una norma que nos lleva al pasado”, según ha apuntado el consejero.
Asimismo, ha recalcado que se trata de una ley improvisada, hecha con prisas y son consenso, al tiempo que técnicamente es deficiente, con graves incoherencias, con un calendario de difícil aplicación y sin la adecuada financiación económica.
Alonso ha incidido en que la Junta recurre esta norma porque se opone a la mercantilización de la educación, a que prevalezca la moral religiosa sobre los valores cívicos (la asignatura de religión en la comunidad se aplicará en el “mínimo posible” que permite la ley), así como a la segregación, la selección y la exclusión educativa que fomenta la Lomce.
El recurso se enfoca, sobre todo, a los aspectos “recentralizadores” de la nueva ley, que además disminuye el margen de desarrollo normativo que corresponde a las comunidades autónomas, según el consejero.
Se recurren así, por vulneración de competencias exclusivas, los artículos relacionados con las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el diseño de las pruebas y el establecimiento de su contenido para cada convocatoria.
Para el Gobierno andaluz, estos preceptos limitan la capacidad de las comunidades a la organización de los medios materiales y humanos para la celebración de las pruebas y su posterior corrección, con lo que quedan excluidas de intervenir en cualquier decisión.
A juicio del Gobierno andaluz, La LOMCE vulnera también el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación; el 16.3, que declara el carácter aconfesional del Estado, y el 27.2, que establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

LA RELIGIÓN CUENTA PARA BECAS Y AYUDAS

En relación con estos motivos de inconstitucionalidad, se destaca que la Religión pase a ser materia con influencia en las notas y en el acceso a becas y ayudas. El Ejecutivo andaluz considera que la imposición de esta asignatura, sin que exista una alternativa parangonable, atenta contra los derechos del alumnado. la Junta ha expresado su firme voluntad de seguir impartiendo la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Asimismo, el Gobierno andaluz señala que el artículo 84.3 y la disposición transitoria segunda de la LOMCE fomentan el sostenimiento con fondos públicos de centros que imparten enseñanza diferenciada por sexo. Entiende que ello priva a la administración educativa andaluza de la posibilidad de condicionar los conciertos educativos a criterios no sexistas.
Finalmente, la Junta recurrirá el artículo 135.2 de la LOMCE, que establece que las comisiones para la selección de los directores de los centros públicos actuarán de acuerdo con la legislación estatal de régimen jurídico de las administraciones, una norma que no tiene carácter básico, lo que supone una “vulneración del principio de autoorganización de la comunidad”.

LEY “SEGREGADORA” Y “TÉCNICAMENTE DEFICIENTE”

El recurso de inconstitucionalidad autorizado por el Consejo de Gobierno es uno de los cinco previstos por las comunidades autónomas contra la LOMCE. El Ejecutivo autonómico considera que esta ley, que afecta a 1,9 millones de alumnos en la comunidad, es “segregadora, técnicamente deficiente, tiene un calendario de difícil aplicación y carece de la adecuada financiación”.
Asimismo, señala que la nueva norma “atenta” contra el carácter compensatorio del sistema educativo andaluz, al dejar en desamparo al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje o con menos recursos económicos. En este sentido, el Gobierno andaluz destaca aspectos como la evaluación basada en reválidas, el modelo de clasificaciones y listas para alumnos y centros o los mecanismos de selección en función del rendimiento académico, que hacen imposible que las comunidades puedan garantizar la igualdad en el acceso al sistema educativo.
Además del recurso, el Ejecutivo andaluz prevé otras medidas para paliar los efectos negativos de la LOMCE. Entre ellas, destaca la garantía de que los profesores permanecerán junto a su alumnado dos cursos seguidos frente a la rotura de ciclos educativos previstos en la normativa estatal.
Asimismo, se mantendrá la gratuidad de los libros de texto, se sostendrán con fondos públicos a los centros que no opten por una educación diferenciada por sexo y se reducirá el tiempo mínimo exigible por ley a la materia de Religión. La Junta también aplicará alternativas formativas para los alumnos que, pese a aprobar el curso, no superen las reválidas diseñadas por la Lomce.