Una oportunidad perdida

LD
Contra lo que suelen afirmar tirios y troyanos, la educación obligatoria española no es un desastre sin arreglo, ni una maravilla que sólo necesita más dinero. Es cierto que la Transición hizo mucho para extender y prolongar la educación obligatoria construyendo un sistema público decente, mientras se aseguraba la libertad de elección de centros con el régimen concertado y se elevaba la inversión educativa a la propia de una economía desarrollada (por encima de la media de la OCDE… pero no bien invertida). La LOGSE también hizo cosas buenas. Ahora se trata de arreglar las que no lo son tanto.
Sin embargo, junto a las cosas que se hicieron bien en la Transición se tomaron tres decisiones puramente políticas, por ajenas a los intereses y problemas educativos, que han tenido graves consecuencias:

  1. El traspaso de la competencia de educación a las Comunidades Autónomas, con el resultado de 17 sistemas diferentes y 11 leyes educativas vigentes además de la general. Una consecuencia directa es la marginación del español en las comunidades bilingües y particularmente en Cataluña. El Estado debe recuperar la competencia exclusiva en educación para volver a un espacio y una legislación educativa comunes, bilingüe en las comunidades que lo son.
  2. El modelo pedagógico comprensivo-constructivista, popularmente conocido como de “aprender a aprender”. Es un modelo posmoderno y relativista que ha tenido días de gloria y ha sido rectificado en casi todos los países occidentales menos, significativamente, en nuestra inmovilista España. La razón, que está plagado de creencias gratuitas y falacias cognitivas e ideológicas, como la necesidad de enseñar a los niños cosas que saben hacer perfectamente, como jugar o hablar, o la prioridad del igualitarismo del grupo sobre el estímulo del talento individual, prejuicio que ha ralentizado e incluso atrasado la actualización de los conocimientos del currículo escolar.
  3. Y hablemos de la marginación del patito feo del sistema, la Formación Profesional. Se impuso el prejuicio, muy querido por la izquierda, de que la educación obligatoria tenía como objetivo la promoción social mesocrática. Herencia de una mentalidad preindustrial y rentista, el “trabajo manual” se veía y sigue viendo como un estigma social. Los oficios mecánicos y técnicos se consideraban inferiores a las profesiones liberales a las que dan acceso los estudios superiores. Por eso la FP se organizó como una salida tardía para los incapaces de acceder al bachillerato, en vez de como una alternativa igual de digna y prestigiada, con oportunos itinerarios comunicantes con el bachillerato y la educación superior.

Son problemas educativos que requieren de una reforma legal urgente y duradera, pues tienen su origen en la legislación educativa básica (y en la Constitución, en lo relativo a las competencias autonómicas): mejorar la enseñanza primaria y la selección del profesorado; cambio del modelo pedagógico dominante; más autonomía y competencia entre los centros; solución del fracaso escolar y del abandono escolar temprano; reforma a fondo de la FP. Pues bien, ninguno de ellos es tratado con profundidad en la LOMCE, que se limita a redistribuir asignaturas eliminando algunas, introducir pruebas externas de evaluación o reválidas -bienvenidas sean- o reducir los poderes del Consejo Escolar en los centros. Respecto a la selección del profesorado, se deja para otra ley de carrera profesional, como si no fuera un aspecto esencial de la educación en su conjunto.
Es otra victoria del inmovilismo del sistema bipartidista, con el excesivo poder de las Comunidades Autónomas y los sindicatos, con el rechazo de la innovación, la competencia y la evaluación pública de resultados, con el recurso al dinero fácil (que se acabó) para solucionar problemas que no son monetarios, con el conservadurismo teórico y la incapacidad para afrontar problemas que exigen diagnóstico y soluciones claras en vez de opacidad y apaños con los agentes implicados, como CCAA y sindicatos. En resumidas cuentas, lo que menos ha importado a unos y otros en esta reforma de la educación son los problemas de la educación. Es otro pulso por el poder político y el control del sistema educativo.
Mención aparte reclaman la situación de la lengua vehicular y la religión en la escuela. Los intereses de partido han llevado al PP a pactar con la Iglesia la rehabilitación académica de la religión católica, es decir, que la nota en religión (católica, por supuesto) se evalúe en el expediente escolar a todos los efectos. Es innecesario para las personas religiosas, y esperpéntico para un sistema educativo racional que no puede evaluar creencias religiosas como si fueran postulados matemáticos o hechos históricos y conocimientos culturales. Forma parte del conservadurismo egoísta que incluye en el régimen concertado a centros que conculcan normas básicas de la educación pública como la educación de ambos sexos sin segregación. Mientras, se renuncia a tocar el modelo pedagógico dominante animando a los padres que no quieran experimentos fallidos para sus hijos a recurrir a las redes concertada y privada, las realmente potenciadas.
Y se renuncia a hacer cumplir la Constitución en las comunidades nacionalistas imponiendo de una vez la libertad de elección de lengua vehicular en un sistema bilingüe. La patochada grotesca de adelantar dinero a los padres que elijan un centro privado si quieren que sus hijos estudien en español en Cataluña es además un indicador preocupante de por dónde van las reformas del PP en materia de estos servicios básicos: págueselos usted que nosotros adelantaremos el dinero que nos parezca. Adiós a las indispensables redes públicas que garanticen la igualdad de oportunidades, tan esencial en una democracia como la libertad de elegir, pues la una no es real sin la otra. La LOMCE es un retroceso de la Constitución y de la educación.

Carlos Martínez Gorriarán es portavoz adjunto del grupo parlamentario de UPyD.