Un cambio de rumbo radical en la educación pública

expansion.com

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert no ha parado de ‘sembrar’ desde que llegó al mandato de esta cartera del Ejecutivo. Su intención es mejorar la educación española, elevarla al nivel de otros sistemas europeos, reducir el fracaso escolar y la tasa de abandono temprano (24,9%), impulsar la excelencia académica, favorecer la empleabilidad en contra de datos tan negativos como el porcentaje de paro entre los jóvenes (56%)…
La ley Lomce es una de sus propuestas más contundentes que supondrá, si se aprueba como está previsto durante este mes, un cambio radical en el sistema educativo no universitario español y el nacimiento de la séptima norma de este tipo en 37 años de democracia.
El objetivo del Gobierno es que la ley esté aprobada cuanto antes a fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y la Lomce pueda estar de facto en las aulas en el próximo curso 2014/2015.
La nueva reforma salió del Congreso como anteproyecto el pasado 21 de septiembre. Desde entonces, el impulsor de la norma, el propio Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado.
El temor de todos los afectados es que esta ley suponga un cambio radical en el enfoque educativo de nuestro país pero… ¿por qué van a sufrir una transformación tan grande los 21.000 centros que existen en España? Éstas son las claves más controvertidas y revolucionarias de la futura ley de educación:
Más control del Gobierno
El Ministerio de Educación aumenta su capacidad de fijar los contenidos educativos. Será de un 65% en autonomías con lengua cooficial y del 75% en el resto. Hasta ahora era de un 55% y un 65% respectivamente, es decir, ha subido un 10%.
En este sentido, el Gobierno central fijará los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachiller (por ejemplo, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero). Para casi todas las demás, las “específicas” (Educación física, Plástica, Música, entre otras), fijará objetivos y criterios de evaluación; las autonomías fijarán el temario concreto en este caso.
Autonomía de los centros
Los centros educativos tendrán autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios y los directores necesitarán acreditar la superación de un curso de formación específico.
Por otro lado, esta ley quita poder a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y al profesorado, que pasa a manos del gobierno y a la dirección del propio centro.
Más exámenes, más estrés
Éste es uno de los puntos más controvertidos para profesores y padres que consideran que de esta manera se crea un sistema donde los alumnos sólo estarán pendientes de aprobar los exámenes y “no de desarrollarse como personas, que a fin de cuentas es para lo que se les educa”.
Y es que la futura ley propone cuatro pruebas de evaluación a nivel nacional a final de cada etapa educativa en Primaria, ESO y Bachillerato, donde se dará más importancia a los idiomas, las matemáticas, la lengua y las ciencias.
Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarios para obtener el título y, en concreto, el segundo sustituirá a la actual Selectividad. También habrá un cuarto examen en 3º de Primaria para detectar problemas precoces.
A la universidad se podrá acceder con el título de Bachillerato. Eso sí se establece una evaluación individualizada en la que se podrá ver el grado de adquisición del alumno en un examen que realizará el Ministerio de Educación directamente.
Ayudas a centros diferenciados
El anteproyecto abre la puerta a las comunidades autónomas para otorgar conciertos a los colegios que separan a los niños por sexo.
El Consejo de Estado pide que se justifique muy bien cuáles son los beneficios de la segregación de alumnos y fijen “medidas académicas a favor de la igualdad” para que estos centros reciban dinero público.
Ciudadanía y Religión
El proyecto de ley elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006 –va a ser sustituida por Educación Cívica y Constitucional y se va a impartir exclusivamente en 2º de ESO– y la Ética de 4º de ESO, obligatoria en el currículo desde los años noventa.
El Consejo de Estado, en el dictamen que ha realizado de la Lomce, llega a hablar de discriminación para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir Religión. “Discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación”, sentencia.
Los 15 años, primera decisión
Hasta ahora, los alumnos empezaban a elegir su futuro a partir de los 16 años, pero la ley convierte 4º de la ESO (15 años) en un “curso de iniciación” bien al bachillerato, bien a la formación profesional.
Nueva Formación Profesional
Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituyen a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial para los alumnos con dificultades a partir de los 15 años. Serán de dos años completos y considerados como educación básica, obligatoria y gratuita. La media tendrá materias instrumentales o básicas adaptadas al sector profesional correspondiente y se facilita el paso a la superior a través de optativas.
Bachillerato de tres años
Se reduce a cinco vías (Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales), y también tendrá una evaluación final nacional (sustituye a la selectividad), con un valor del 40%, mientras que la nota media de la etapa tendrá un peso del 60%.
El catalán y el resto de idiomas
Wert asegura que las lenguas cooficiales “tienen un tratamiento absolutamente simétrico al castellano” en el anteproyecto. La Lomce establece, entre otras cosas, que si un alumno pide más clases en español, la Generalitat de Catalunya tiene que dárselas, si es necesario, pagándole un colegio privado.
El dictamen del Consejo de Estado, entre otros cambios y matizaciones, rechaza esta fórmula propuesta en el anteproyecto de ley.
Financiación
El Consejo Escolar del Estado señala que la reforma planteada no contiene una memoria económica que garantice su viabilidad, pese a que se incluyen medidas que, a juicio de esta institución, suponen una “fuerte inversión”, como el aumento de dotación de personal docente y la disminución de las ratios. Se duda del escaso gasto que, según el Ejecutivo, supone aplicar la Lomce.
Un cambio de rumbo radical en la educación pública El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert no ha parado de ‘sembrar’ desde que llegó al mandato de esta cartera del Ejecutivo. Su intención es mejorar la educación española, elevarla al nivel de otros sistemas europeos, reducir el fracaso escolar y la tasa de abandono temprano (24,9%), impulsar la excelencia académica, favorecer la empleabilidad en contra de datos tan negativos como el porcentaje de paro entre los jóvenes (56%)… La ley Lomce es una de sus propuestas más contundentes que supondrá, si se aprueba como está previsto durante este mes, un cambio radical en el sistema educativo no universitario español y el nacimiento de la séptima norma de este tipo en 37 años de democracia. El objetivo del Gobierno es que la ley esté aprobada cuanto antes a fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y la Lomce pueda estar de facto en las aulas en el próximo curso 2014/2015. La nueva reforma salió del Congreso como anteproyecto el pasado 21 de septiembre. Desde entonces, el impulsor de la norma, el propio Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado. El temor de todos los afectados es que esta ley suponga un cambio radical en el enfoque educativo de nuestro país pero… ¿por qué van a sufrir una transformación tan grande los 21.000 centros que existen en España? Éstas son las claves más controvertidas y revolucionarias de la futura ley de educación: Más control del Gobierno El Ministerio de Educación aumenta su capacidad de fijar los contenidos educativos. Será de un 65% en autonomías con lengua cooficial y del 75% en el resto. Hasta ahora era de un 55% y un 65% respectivamente, es decir, ha subido un 10%. En este sentido, el Gobierno central fijará los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachiller (por ejemplo, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero). Para casi todas las demás, las “específicas” (Educación física, Plástica, Música, entre otras), fijará objetivos y criterios de evaluación; las autonomías fijarán el temario concreto en este caso. Autonomía de los centros Los centros educativos tendrán autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios y los directores necesitarán acreditar la superación de un curso de formación específico. Por otro lado, esta ley quita poder a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y al profesorado, que pasa a manos del gobierno y a la dirección del propio centro. Más exámenes, más estrés Éste es uno de los puntos más controvertidos para profesores y padres que consideran que de esta manera se crea un sistema donde los alumnos sólo estarán pendientes de aprobar los exámenes y “no de desarrollarse como personas, que a fin de cuentas es para lo que se les educa”. Y es que la futura ley propone cuatro pruebas de evaluación a nivel nacional a final de cada etapa educativa en Primaria, ESO y Bachillerato, donde se dará más importancia a los idiomas, las matemáticas, la lengua y las ciencias. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarios para obtener el título y, en concreto, el segundo sustituirá a la actual Selectividad. También habrá un cuarto examen en 3º de Primaria para detectar problemas precoces. A la universidad se podrá acceder con el título de Bachillerato. Eso sí se establece una evaluación individualizada en la que se podrá ver el grado de adquisición del alumno en un examen que realizará el Ministerio de Educación directamente. Ayudas a centros diferenciados El anteproyecto abre la puerta a las comunidades autónomas para otorgar conciertos a los colegios que separan a los niños por sexo. El Consejo de Estado pide que se justifique muy bien cuáles son los beneficios de la segregación de alumnos y fijen “medidas académicas a favor de la igualdad” para que estos centros reciban dinero público. Ciudadanía y Religión El proyecto de ley elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006 –va a ser sustituida por Educación Cívica y Constitucional y se va a impartir exclusivamente en 2º de ESO– y la Ética de 4º de ESO, obligatoria en el currículo desde los años noventa. El Consejo de Estado, en el dictamen que ha realizado de la Lomce, llega a hablar de discriminación para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir Religión. “Discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación”, sentencia. Los 15 años, primera decisión Hasta ahora, los alumnos empezaban a elegir su futuro a partir de los 16 años, pero la ley convierte 4º de la ESO (15 años) en un “curso de iniciación” bien al bachillerato, bien a la formación profesional. Nueva Formación Profesional Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituyen a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial para los alumnos con dificultades a partir de los 15 años. Serán de dos años completos y considerados como educación básica, obligatoria y gratuita. La media tendrá materias instrumentales o básicas adaptadas al sector profesional correspondiente y se facilita el paso a la superior a través de optativas. Bachillerato de tres años Se reduce a cinco vías (Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales), y también tendrá una evaluación final nacional (sustituye a la selectividad), con un valor del 40%, mientras que la nota media de la etapa tendrá un peso del 60%. El catalán y el resto de idiomas Wert asegura que las lenguas cooficiales “tienen un tratamiento absolutamente simétrico al castellano” en el anteproyecto. La Lomce establece, entre otras cosas, que si un alumno pide más clases en español, la Generalitat de Catalunya tiene que dárselas, si es necesario, pagándole un colegio privado. El dictamen del Consejo de Estado, entre otros cambios y matizaciones, rechaza esta fórmula propuesta en el anteproyecto de ley. Financiación El Consejo Escolar del Estado señala que la reforma planteada no contiene una memoria económica que garantice su viabilidad, pese a que se incluyen medidas que, a juicio de esta institución, suponen una “fuerte inversión”, como el aumento de dotación de personal docente y la disminución de las ratios. Se duda del escaso gasto que, según el Ejecutivo, supone aplicar la Lomce.Un cambio de rumbo radical en la educación pública,Entorno, expansion.com.
http://www.expansion.com/2013/05/14/entorno/aula_abierta/1368517506.html?cid=FCOPY33701 Toda la información en http://www.expansion.com/?cid=FCOPY33701
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert no ha parado de ‘sembrar’ desde que llegó al mandato de esta cartera del Ejecutivo. Su intención es mejorar la educación española, elevarla al nivel de otros sistemas europeos, reducir el fracaso escolar y la tasa de abandono temprano (24,9%), impulsar la excelencia académica, favorecer la empleabilidad en contra de datos tan negativos como el porcentaje de paro entre los jóvenes (56%)… La ley Lomce es una de sus propuestas más contundentes que supondrá, si se aprueba como está previsto durante este mes, un cambio radical en el sistema educativo no universitario español y el nacimiento de la séptima norma de este tipo en 37 años de democracia. El objetivo del Gobierno es que la ley esté aprobada cuanto antes a fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y la Lomce pueda estar de facto en las aulas en el próximo curso 2014/2015. La nueva reforma salió del Congreso como anteproyecto el pasado 21 de septiembre. Desde entonces, el impulsor de la norma, el propio Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado. El temor de todos los afectados es que esta ley suponga un cambio radical en el enfoque educativo de nuestro país pero… ¿por qué van a sufrir una transformación tan grande los 21.000 centros que existen en España? Éstas son las claves más controvertidas y revolucionarias de la futura ley de educación: Más control del Gobierno El Ministerio de Educación aumenta su capacidad de fijar los contenidos educativos. Será de un 65% en autonomías con lengua cooficial y del 75% en el resto. Hasta ahora era de un 55% y un 65% respectivamente, es decir, ha subido un 10%. En este sentido, el Gobierno central fijará los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachiller (por ejemplo, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero). Para casi todas las demás, las “específicas” (Educación física, Plástica, Música, entre otras), fijará objetivos y criterios de evaluación; las autonomías fijarán el temario concreto en este caso. Autonomía de los centros Los centros educativos tendrán autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios y los directores necesitarán acreditar la superación de un curso de formación específico. Por otro lado, esta ley quita poder a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y al profesorado, que pasa a manos del gobierno y a la dirección del propio centro. Más exámenes, más estrés Éste es uno de los puntos más controvertidos para profesores y padres que consideran que de esta manera se crea un sistema donde los alumnos sólo estarán pendientes de aprobar los exámenes y “no de desarrollarse como personas, que a fin de cuentas es para lo que se les educa”. Y es que la futura ley propone cuatro pruebas de evaluación a nivel nacional a final de cada etapa educativa en Primaria, ESO y Bachillerato, donde se dará más importancia a los idiomas, las matemáticas, la lengua y las ciencias. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarios para obtener el título y, en concreto, el segundo sustituirá a la actual Selectividad. También habrá un cuarto examen en 3º de Primaria para detectar problemas precoces. A la universidad se podrá acceder con el título de Bachillerato. Eso sí se establece una evaluación individualizada en la que se podrá ver el grado de adquisición del alumno en un examen que realizará el Ministerio de Educación directamente. Ayudas a centros diferenciados El anteproyecto abre la puerta a las comunidades autónomas para otorgar conciertos a los colegios que separan a los niños por sexo. El Consejo de Estado pide que se justifique muy bien cuáles son los beneficios de la segregación de alumnos y fijen “medidas académicas a favor de la igualdad” para que estos centros reciban dinero público. Ciudadanía y Religión El proyecto de ley elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006 –va a ser sustituida por Educación Cívica y Constitucional y se va a impartir exclusivamente en 2º de ESO– y la Ética de 4º de ESO, obligatoria en el currículo desde los años noventa. El Consejo de Estado, en el dictamen que ha realizado de la Lomce, llega a hablar de discriminación para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir Religión. “Discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación”, sentencia. Los 15 años, primera decisión Hasta ahora, los alumnos empezaban a elegir su futuro a partir de los 16 años, pero la ley convierte 4º de la ESO (15 años) en un “curso de iniciación” bien al bachillerato, bien a la formación profesional. Nueva Formación Profesional Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituyen a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial para los alumnos con dificultades a partir de los 15 años. Serán de dos años completos y considerados como educación básica, obligatoria y gratuita. La media tendrá materias instrumentales o básicas adaptadas al sector profesional correspondiente y se facilita el paso a la superior a través de optativas. Bachillerato de tres años Se reduce a cinco vías (Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales), y también tendrá una evaluación final nacional (sustituye a la selectividad), con un valor del 40%, mientras que la nota media de la etapa tendrá un peso del 60%. El catalán y el resto de idiomas Wert asegura que las lenguas cooficiales “tienen un tratamiento absolutamente simétrico al castellano” en el anteproyecto. La Lomce establece, entre otras cosas, que si un alumno pide más clases en español, la Generalitat de Catalunya tiene que dárselas, si es necesario, pagándole un colegio privado. El dictamen del Consejo de Estado, entre otros cambios y matizaciones, rechaza esta fórmula propuesta en el anteproyecto de ley. Financiación El Consejo Escolar del Estado señala que la reforma planteada no contiene una memoria económica que garantice su viabilidad, pese a que se incluyen medidas que, a juicio de esta institución, suponen una “fuerte inversión”, como el aumento de dotación de personal docente y la disminución de las ratios. Se duda del escaso gasto que, según el Ejecutivo, supone aplicar la Lomce.Un cambio de rumbo radical en la educación pública,Entorno, expansion.com.
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