La financiación de la educación diferenciada

La Voz de Galicia

03 de septiembre de 2012 05:00 GMT
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U na sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio, publicada en agosto, ha vuelto a replantear la cuestión de la educación diferenciada por sexos y el acceso al régimen concertado o su continuidad por los colegios privados que la practiquen. El meollo del tema consiste en considerar si tal modo de entender el derecho a la educación entraña una discriminación, prohibida por el derecho a la igualdad que reconoce la Constitución. La referida sentencia responde con claridad a ese interrogante, con cita de doctrina sentada anteriormente, al afirmar que la educación diferenciada es «tan legítima como el modelo de coeducación que preconiza la ley». De acuerdo con ello han venido existiendo conciertos con centros de esas características. Precisamente el objeto de la sentencia mencionada es la denegación de la solicitud de renovación de un concierto que fue declarada nula por el tribunal superior de justicia de una comunidad autónoma y que el Tribunal Supremo revoca.
Para considerar bien denegada la solicitud, la sala ofrece una contradicción, como señala el voto particular emitido en contra por uno de los magistrados. La mayoría entienden que esa legítima educación diferenciada no se ajusta «al mandato legal que descarta que la misma pueda acogerse al sistema de enseñanza gratuita de centros concertados con fondos públicos». De entrada no se entiende el porqué de ese salto dialéctico. La razón no podría ser otra que la existencia de una inconstitucional discriminación, que en principio negó. Más clara es otra sentencia, que también cita, según la cual la educación separada por sexos estaba autorizada de acuerdo con la convención de la Unesco aprobada en 1960, y «dejó de serlo con la Ley 2/2006 imponiendo definitivamente a esos centros el criterio de la coeducación».
Sin salirse del terreno puramente jurídico, el voto particular recuerda la obligación constitucional de interpretar las normas sobre derechos fundamentales de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por España, y así ha hecho Francia, cuyo ejemplo cita. Una de las disposiciones adicionales de la propia ley del 2006, que invoca a la Unesco, debilita la tesis de la sentencia. Para promover la igualdad efectiva entre hombre y mujer, los centros que desarrollen el principio de coeducación serán objeto de «atención preferente y prioritaria, sin perjuicio de lo dispuesto en las convenciones internacionales firmadas por España». Preferencia no es exclusión, sin entrar ahora en el debate sobre aquella. La tesis de la sentencia lleva sorprendentemente a una discriminación: colegios privados con sistema de coeducación pueden acceder al concierto, se impide a los que desarrollen educación diferenciada.
Detrás del razonamiento jurídico, en el que me he movido, hay mucha ideología y no pocos prejuicios. En el caso de esa sentencia, quien recurre es un sindicato, y se admite que está legitimado para ello porque afecta a «intereses de los trabajadores».